La profesora de la Facultad de Comunicación, Dra. Rosa Zeta, analiza la ley "mordaza" en Ecuador, la cual regula contenidos y establece sanciones para los periodistas y medios.
Por Rosa Zeta de Pozo. 19 junio, 2013.La semana pasada, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la polémica “Ley Orgánica de Comunicación”, que regula contenidos relacionados con violencia e implementa sanciones para los periodistas y medios, lo que ha despertado preocupación de varios organismos internacionales y opositores.
La profesora Rosa Zeta, doctora en Comunicación Pública y experta en Ética de la Información y Análisis de Medios de la Universidad de Piura, advierte cuáles son los riesgos que esta llamada “ley mordaza” puede generar en el ejercicio del periodismo y el papel del periodista en este escenario.
¿Esta ley es un atentado contra la libertad del ejercicio periodístico?
Siempre este tipo de leyes intentan amedrentar a los periodistas y dificultar su trabajo de investigación. Se intervienen los contenidos informativos y eso debilita el trabajo periodístico que debe tener, por delante de cualquier cosa, una misión social.
Algunos dicen que esto es la formalización de la ley, pues el gobierno de Rafael Correa desde hace años ha estado “midiendo” a los medios. Esta legislación lleva todo análisis informativo al terreno gubernamental; es decir, si aquello que se difunde en los medios perjudica al gobierno, puede considerarse como nocivo; ese es el riesgo.
La ley hace referencia, fundamentalmente, a los contenidos de violencia…
Hay que aclarar que es bueno que no existan tantos contenido violentos en los medios y que los medios no sean irresponsables; sin embargo, lo mejor es que no se realice por imposición del Estado, sino que sea por autorregulación, por responsabilidad de los mismos medios. Ese es el matiz que debe observarse con mucho cuidado.
La experiencia que existe en torno a las regulaciones gubernamentales es que se corre el riesgo de que en algún momento se tome esa ley como punto de referencia para considerar como violento algo que no lo sea y que de este modo se limiten los contenidos.
¿Quién establecerá los límites?
Hay un Consejo de Regulación que estará conformado por miembros del gobierno; desde esa perspectiva se nota que no hay un consejo plural que permita un juzgamiento adecuado de todas las informaciones periodísticas. La consideración será parcial y existirán intereses a favor del gobierno. Además existe preocupación por la misma tendencia del presidente Rafael Correa, quien, se conoce, tiene una actitud negativa hacia los medios desde hace varios años.
¿Esta ley es la oportunidad perfecta para que el Presidente ecuatoriano logre callar esas críticas que tanto le molestan?
Ese es el peligro. Si el Gobierno ecuatoriano pretendía con esta ley cuidar una información adecuada, verdadera e independiente para la sociedad, creo que lo que conseguirá es callar cualquier opinión disidente que surja en torno al tema.
Eso es negativo no solo para la sociedad sino también para el mismo gobierno de Correa. Si solo se difunden informaciones “positivas”, el Gobierno no se enterará de todas aquellas cosas negativas que existen en torno a la gestión, y que no se dan a conocer porque existe esa ley que promueve la censura previa.
¿Qué otros riesgos plantea esta ley para la profesión periodística?
La autocensura es otro de los temas que entran a tallar; existirán directivos de empresas periodísticas que, por temor a que le cierren el medio, no permitirán la difusión de información crítica contra el gobierno, pues será censurado.
Sobre este punto, se ha integrado a la ley el concepto de “linchamiento mediático”, mediante el cual se sanciona a los medios o periodistas que dañen la “credibilidad” de terceros de manera constante. ¿Cómo analiza estos términos?
El problema es que es el Gobierno quién determinará las ocasiones en las que se observará ese “linchamiento mediático”. ¿Cómo definirán ese “linchamiento”? Seguramente toda información que les incomode lo será; ¿cuántas informaciones se necesitan para calificar algo como tal? Esto seguramente generará que mucha prensa se calle.
La ley ha sido aprobada por una mayoría brutal en el Congreso ecuatoriano; en este contexto, ¿qué papel le toca cumplir ahora a los periodistas ecuatorianos?
Debe existir una total responsabilidad de los periodistas para no temerle a la ley, que no lo vean como un amedrentamiento. La respuesta de los periodistas debe ser el tratamiento adecuado de la información que proporcionen; su respuesta no debe centrarse en ataques al gobierno, lo más indicado es realizar un periodismo de calidad, tratando los temas más relevantes con profundidad.
Al gobierno se le puede hacer ver sus errores, pero con sustento, no quedándose solo en el terreno superficial. Con eso lograrán que la sociedad, a través de esa información, los pueda juzgar, y no a través de lo que dice el gobierno, que en el caso ecuatoriano, se sabe cuál es el concepto que se tiene de los medios periodísticos.
Visto de este modo, el caso ecuatoriano es una oportunidad para fortalecer la profesión periodística
Claro que sí, pero sin olvidar que el riesgo está allí latente. La ley ya está dada y lo más conveniente es no callarse y no ponerse en el plan de víctimas. Debe informar con sustento. Los periodistas ecuatorianos deben preguntarse: ¿qué necesita Ecuador de nosotros como profesionales?
